sábado, 27 de febrero de 2010

El desprecio hacia los empleados públicos

En la edición de El País del 12-02, un tal Xavier Roig se escandaliza con que haya demasiados diputados que son empleados públicos y ello le sirve para insultarlos, nunca directamente, claro está. Llega a decir que incluso que hasta en la "laboriosa" Cataluña hay demasiados. Dejando al margen la soberbia catalana, siempre presente, se viene a decir que los funcionarios no son laboriosos. O sea, que los empleados privados sí lo son y los funcionarios no. Soy ya mayor, y he encontrado siempre las mismas virtudes y defectos en la administración y en las empresas privadas.
Habla de los "privilegios de los empleados públicos". ¿Cuáles? ¿El sueldo más bajo? ¿Entrar mediante examen público en competencia con otros? Algunos de los funcionarios -no todos- tienen su puesto para siempre, pero esto sólo si han sufrido examen público competitivo. ¿Qué querría él? ¿Qué la administración hiciera un ERE y echara a muchos? El Estado es social y no atiende a criterios de rentabilidad. Debería atender más a los de eficiencia, según él, y esto sería bueno, desde luego, pero ¿atienden las empresas privadas a criterios de eficiencia? Entonces, ¿por qué quiebran y porqué fracasan? Las empresas atienden a la rentabilidad monetaria, no a otra cosa, y cuando despiden no lo hacen con los no eficientes, sino con los que cobran más.
¿Cómo se entra en una empresa? ¿Se sabe siquiera? ¿Qué defensa tiene frente a otro quien pide un trabajo? No se sabe por qué entra ni tampoco por qué sale. Los diputados son funcionarios, sí, pero el articulista no observa otras cosas, como que la mayoría de los diputados tienen la carrera de derecho, y esto sí que es un sesgo legalista muy deficiente y muy poco representativo de la sociedad, como ya he dicho otras veces.

miércoles, 24 de febrero de 2010

Funcionamiento escandaloso del Consejo del Poder Judicial

Ayer en "El País", el fiscal jubilado Villarejo analiza el auto del juez Varela a propósito de Garzón y le da un palo formidable, demostrando perfectamente que toda su argumentación está equivocada. No cabe ninguna duda de que el tal Varela lo ha leído, y que si sigue en las andadas es él quien, sin ninguna duda, es un prevaricador. Si el Consejo del Poder Judicial (que es el "poder" es lo único de lo que no cabe tampoco ninguna duda) funcionara mínimamente tendría que apercibir a este juez y, si continúa, separarle de la carrera judicial. No ocurrirá, desde luego, pues en España la justicia no funciona, como es bien sabido.

De hecho, el último escándalo es de este "noble" Consejo. Un catedrático que pertenece a él (naturalmente, tiene que ser un catedrático; imposible que fuera un juez) denunció, también ayer, la forma irregular en que se hacen en este Consejo los nombramientos para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, etc. Las asociacines (que son ideológicas -derecha, naturalmente la mayor, centro e izquierda- y a las que no pertenecen más que la mitad de los jueces, imponen sus criterios y van negociando para meter a los suyos, más o menos por turnos y por amistosas negociaciones, de modo que la comisión que estudia los nombramientos no vale para nada, pues ya está todo decidido por detrás. El último caso es el de haber promovido para el Supremo a un juez de escasa carrera y en el turno que no le correspondía, pues es el reservado para abogados de alto prestigio o catedráticos. El pretexto es que este individuo ha sido profesor, pero, como no es doctor, ha tenido que ser profesor del más ínfimo nivel. Sin embargo, le han nombrado por encima de abogados y catedráticos de alto prestigio. El cátedrático denunciante, que ha dimitido del Consejo, dice que este caso es, simplemente, uno más, y que él se va pues está harto de este comportamiento que es habitual.

La tal Robles (conocida ahora por ser quien admitió a trámite en el Consejo el asunto Garzón, y conocida también por ser una de las principales manipuladoras de los nombramientos, todo ello según la prensa) se ha apresurado a insultar al catedrático dimisionario diciendo que miente. Resulta evidente, sin embargo, que quien miente es ella. También un tal De la Rosa -creo que se llama así-, vice presidente del Consejo y conocido derechista, antiguo colaborador y defensor de Camps, el presunto delincuente político valenciano, le ha insultado también, como si no supiéramos de que pie cojea.

Resulta claro que la tal Robles y el tal De la Rosa debieran ser expulsados del Consejo. Resulta igualmente claro que las Asociacione de Jueces, que sirven sólo para manipular cosas, debieran ser disueltas y prohibidas. Y resulta más que evidente que el Consejo del Poder Judicial ha de ser o fuertemente reformado o eliminado. Si no se elimina, que sería a todas luces lo mejor, dada su trayectoria siempre escandalosa, la reforma drástica es necesaria. Pienso que la presencia de jueces y magistrados ha de ser reducida al mínimo, no más de un 10 o 15 %. Los demás licenciados en derecho, abogados de prestigio o catedráticos. Y un mínimo de un tercio de consejeros no licenciados en derecho, representantes de la sociedad, prohombres (y promujeres) que dieran un aire nuevo y que vigilaran las chapuzas corporativas sistemáticas de este supuesto alto organismo, que no hace otra cosa que escandalizar a los ciudadanos.

No hacer nada de esto es colaborar con un fraude político y social de primer orden. La justicia no funciona, y no funciona principalmente porque muchos de los jueces, personal o corporativamente, no cumpen con su misión. Soportaremos el grave escándalo que esto significa, pues resulta obvio que nadie hará nada, pero, por mi parte, quiero dejar constancia aquí de mi protesta como ciudadano cumplidor que no ve correspondencia en tan altos y tan escandalosos poderes.

miércoles, 10 de febrero de 2010

LA ARQUITECTURA MODERNA Y EL PODER. ESPAÑA Y EL MUNDO EN EL SIGLO XX

Con alguna frecuencia he tenido que explicar, como profesor, la arquitectura de los años 40 en el franquismo, o la del nazismo en los 30. Siempre digo que tanto el nazismo como el franquismo tuvieron a la arquitectura moderna como un enemigo, lo que en realidad resulta insólito, pues la arquitectura moderna -dijeran lo que dijeran algunos críticos e historiadores, o digan lo que digan ahora- no tenía contenido ideológico directo alguno. Bien pudiera haber ocurrido que el dictador nazi hubiera sido un entusiasta de la modernidad, incluso por presumir de radical, y hubiera promovido una arquitectura que en buena medida podía considerarse alemana. En gran modo así se hizo en Italia, por ejemplo, y bajo el dictador fascista. Sin embargo, no era así en el nazismo; el jefe era partidario de la arquitectura clásica y académica, en lo que denunciaba su retraso y su falta de educación, y la impuso como tantas cosas.

En el dictador español la cosa era algo distinta, pues aquel ser no tenía mucho criterio en nada que no fuera político, y fueron algunos arquitectos -sobre todo uno-los que impusieron una polítca arquitectónica conservadora, lo que cuadraba con los gustos convencionales, de clase media baja, del dictador.

Bien, pero, en definitiva, ¿por qué la identificación de la arquitectura moderna como un enemigo, si éste en realidad no lo era, y su adopción hubiera permitido presumir de progresismo técnico y artístico?

En el caso de España quizá pueda esbozarse una contestación.

Sin olvidar la difícil situación a la que había llegado el país bajo el régimen republicano, en buena medida imposible de disculpar, y aunque aquélla no fuera una responsabilidad tan directa de los políticos como se suele decir, pues abundó el sabotaje de unos y de otros, la supuesta "salvación de la Patria" que decidieron llevar a cabo los militares y aquellos que les ayudaron, no se sostiene como razón, y aparece más bien como simple coartada.

La guerra civil no fue un simple golpe de Estado para enderezar el régimen republicano e imponer el orden, lo que podría haber sido. Fue una guerra cruenta, fratricida, artificialmente sostenida en su larga duración para liquidar al enemigo al máximo posible y cambiar por completo la estructura política del país. Si la guerra, según tantos, era inevitable, el resultado tras ella no lo era. Una república parlamentaria se sustituyó por una dictadura personal, al mando de un general de brigada africanista, sin otros méritos que su prestigio entre la extrema derecha, su astucia y su crueldad, ya exhibida con su acción al sofocar y reprimir la revolución de Asturias en 1934.

El oscuro y astuto general de brigada se libró por accidente de sus principales rivales, el general Sanjurjo, Marqués del Rif (africanista como él, que fue su jefe y ya anteriormente sublevado contra la república) y Emilio Mola Vidal (organizador de la rebelión), ambos más inteligentes y de pensamiento político menos limitado del de aquél que luego se las arregló, con trampas bien conocidas, para ser nombrado dictador.

El general de brigada se ascendió a sí mismo a capitán general y pasó a presidir una cruenta y despótica dictadura, apoyado en las derechas, en general, pero sobre todo en un ejército pretoriano, guardaespaldas y cómplice de la operación y pagado con la corrupción más absoluta. No salvaron la Patria, se limitaron a apoderarse de ella. Se apoderaron del Estado y de la sociedad y la pusieron a su servicio. Ello pasó por la destrucción del país, por la muerte y el asesinato de muchos cientos de miles, y por la instauración de la corrupción sistemática y de la entronización social de los negocios sucios.

Ahora, bien, todo esto ¿qué tiene que ver con la arquitectura moderna? Nada en absoluto, pero tampoco tenía nada que ver la arquitectura con la ideología de otros países que, sin embargo, reaccionaron fuertemente en relación a ella. Stalin suprimió violentamente la arquitectura rusa de vanguardia para dar paso a un academicismo decadente "al servicio del pueblo". De Hitler y de Mussolini ya hemos hablado. En Estados Unidos, lo más importante de la arquitectura oficial, las grandes obras en Washington construidas en los años 30, eran un "revival" del neoclásico. En Inglaterra, no sólo las obras oficiales, sino también muchas de las privadas, al menos en Londres, fueron obligadas a servir un clasicismo decadente, que pretendía aún representar al imperio, y que ya flaqueaba incluso en las hábiles manos de Lutyens. La sacralización de la arquitectura moderna como arquitectura de la democracia por parte de los aliados al acabar la segunda guerra mundial fue un apresurado invento, al comprobar que el viejo y vencido enemigo -el nazismo- y el inmediatamente antes aliado y ahora enemigo -el comunismo- practicaban el clasicismo, como ellos mismos también habían hecho. Era, preciso, pues, distinguirse y entronizar un nuevo icono capaz de representar a las "democracias".

En la España franquista, feroz régimen dictatorial, la propaganda era enormemente necesaria, por lo que ya se ha dicho, pues se trataba de justificar por sublimación el hecho de haberse apoderado del país y de haber provocado tal desastre material y tan incontable número de muertos entre los propios compatriotas. La arquitectura fue llamada así a unirse a la propaganda. Quizá el general de brigada devenido dictador y Pedro Muguruza Otaño, arquitecto guipuzcoano a quien el militar africanista había nombrado "Director General de Arquitectura", urdieron juntos la grosera trama de resucitar la arquitectura ecléctica, a la que se iba a llamar "Nacional" -no era la primera vez- y oponerse a los incipientes racionalismo y expresionismo, más o menos identificados con la república por simples razones temporales, y a la que se iba a llamar "arquitectura roja". Quizá el invento fue más bien de Muguruza, que se lo propuso al general de brigada, el cual aplaudiría la ocurrencia, que venía a coincidir con su medicre gusto de hombre ineducado.

Se promovió, pues, la arquitectura historicista como "arquitectura española". Los arquitectos hubieron de desempolvar sus antiguos libros y manuales de principios de siglo, y tan sólo a uno, Luis Moya Blanco, no le tembló la mano al hacer clasicismo, jugando un papel comparable al de Lutyens en el Reino Unido de anteguerra, aunque más solitario aún.

La pesada broma no pasó de los años 40, salvo en el caso de Moya. Los jóvenes arquitectos franquistas convirtieron pronto la arquitectura moderna en la imagen del Estado y de la sociedad de la dictadura.

La arquitectura se usó así, por unos y por otros, al servicio de la ideología, sin que ésta pudiera verdaderamente contenerla. Fue, por parte de todos, un abuso con respecto a nuestro arte, que si había estado ya a lo largo de la historia al servicio del poder, como es lógico, nunca había sufrido, hasta el siglo XX, manipulaciones tan groseras y tan extraordinarias.

SIGUE EL ASUNTO GARZÓN: JUECES "PROGRESISTAS" CONTRA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Además del juez Varela -presuntamente progresista según su adscripción a "Jueces para la Democracia", pero franquista, en realidad, como demuestra sobradamente al perseguir a Garzón por el asunto de las víctimas del franquismo-, ahora también Margarita Robles, magistrada del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha apoyado -según la prensa- que dicho Consejo vaya organizando la suspensión del juez, antes incluso de que el Supremo decida actuar. Lo ha hecho -siempre según la prensa- en el interior de una permanente del Consejo, en el que está su presidente, el juez Divar, al que nombró Zapatero a pesar de su muy definida condición de "meapilas".

La magistrada Robles fue cargo político con Felipe González y es, naturally, pretendidamente progresista, lo que, evidentemente, desmiente ahora. Como Varela, ambos odian al juez Garzón -siempre según la prensa, por lo que -si la prensa no miente, lo que es preciso confesar que resulta difícil- ambos utilizan sus cargos y los pretextos que les dan denunciantes de extrema derecha para perseguir al "divino" Garzón, al que odian y, sobre todo, envidian.

Resulta del todo extraordinaria esta posibilidad -aunque fuera sólo una sospecha es muy grave como tal- de uso del ¡Poder! judicial para puntos de vista personales. Sobre todo teniendo en cuenta que el fondo del asunto resulta tan extremadamente importante y tan significativo que hace palidecer cualquiera que sean las consideraciones formales que tan supuestamente ilustres señorías tienen a bien sopesar.

El resultado va a ser otro escándalo de la judicatura frente a la población. Otro más, y, si no, al tiempo. ¿Qué clase de personas llegan a las más altas posiciones de la magistratura? ¿Quienes serán los políticos capaces de intentar cambiar algo de esta situación? Por favor, contesten a una, al menos, de las preguntas. Hay premio.

Yo mismo intentaré ganarlo con un amago de respuesta a la primera pregunta, pues iniciar algo con respecto a la segunda resulta evidentemente imposible.

Los magistrados son unos seres capaces de considerar el uso más estricto y riguroso de la ley y de sus procedimientos, como su función y su formación les exigen, pasando por encima de cualquier fondo de la cuestión, de cualquier contenido real, sea cual fuere éste. La forma es en la ley tan importante que oscurece el fondo.

Esto, digo yo, debería de contar mucho cuando se trata de no condenar a alguien. No es posible condenar a alguien, sea cual fuere el fondo -sea cual fuere su delito- si no se han cumplido los procedimientos formales legales. Pero, por lo mismo, no se puede condenar a nadie porque él mismo haya incumplido, o rozado el incumplimiento, de dichos requisitos. Ni aunque sea juez. Más cuando se ha arrepentido y retrocedido.

Si el juez Garzón es suspendido de su cargo, habrá pasado la Ley por encima de la Justicia. Y aunque esto deba de ser así -la Ley, obligación clara, está absolutamente por encima de cualquier sentido acerca de la Justicia, pues es aquélla quien precisamente define ésta- en el caso que nos ocupa quedará para lo historia lo que está ocurriendo: dos jueces pretendidamente progresistas han condenado a un compañero por saltarse algún procedimiento formal en su pretensión por perseguir los impunes crímenes del franquismo, y lo han hecho al requerimiento de dos organizaciones de extrema derecha, esto es, de los propios franquistas y de sus herederos. Eso dirá la hemeroteca y la historia.

Puede que no quepa una más limpia aplicación de la Ley. Y puede también -sospecho yo-que no quepa una mayor hipocresía judicial, política y social, y una mayor traición a la justicia, a la moral, a la historia del país y al buen gusto. Los crimenes del franquismo siguen pendientes. Apoderarse del aparato del Estado, bajo la coartada de salvar a la Patria, hacerlo mediante el asesinato, el encarcelamiento masivo y la sojuzgación social de gran parte de la población, y ponerlo al servicio de sus propios intereses por medio de una feroz dictadura presidida por un militar, funcionario traidor, es un crimen nefando de lesa patria que cometieron, sobre todo, los militares, y más que nadie, desde luego, el despreciable ser que los presidió, y todos aquellos que los ayudaron y se aprovecharon del botín. Aún está por escribir la corrupción del enano del Pardo, y la de los militares. Es decir, aún está por escribir el botín que cobraron los supuestos salvadores de la Patria, funcionarios traidores.

Entrar en consideraciones formales acerca de un juez que intentó levantar siquiera una esquina de la pesada manta que oculta todo esto, tiene un nombre, al menos en mi pueblo: se llama colaboracionismo. Si los jueces citados pertenecen a "Jueces para la Democracia", ya pueden ir borrándose, o pedir que se cambie el nombre. Si no, sabremos bien lo que realmente significan títulos tales.

lunes, 8 de febrero de 2010

LA UNIVERSIDAD CATALANA PARA LOS CATALANES

Los políticos catalanes no tienen límite. Hoy viene en la prensa que, apoyados en el Estatuto, los profesores de las universidades catalanas tendrán, a partir de ahora, que saber catalán. Todos ellos: asociados, ayudantes, titulares, catedráticos.

Naturalmente, esto parecería muy razonable si se piensa que todos los catalanes saben catalán, pero resulta menos si se tiene en cuenta que todos los demás del resto de España, no lo saben. Así, pues, las universidades catalanas niegan de hecho el acceso al profesorado al resto de los españoles. Un profesor titular español que quisiera presentarse a cátedra en Barcelona sólo podrá hacerlo si sabe ese idioma. Un catedrático que quisiera trasladarse por concurso, también. Luego, no lo harán, que es de lo que se trata.

Ello significa, por un lado, un verdadero atentado para los profesores españoles que tuvieran interés en trabajar en Cataluña, tanto que no parece constitucional, diga lo que diga es Estatuto. Esto es, se trata de reservar el trabajo universitario únicamente para los catalanes, en un proteccionismo imbécil y casi delictivo, disfrazado de cuidado por su idioma. Si un catalán se presenta a una plaza universitaria en el resto de España, nadie le pedirá nada especial. La desigualdad, pues, está servida.

Pero es, además, y por otro lado, un empobrecimiento provinciano que sigue transformando Cataluña en el sentido en que ha venido ocurriendo ya en las últimas décadas. Es decir, convirtiéndose en un lugar cada día menos universal, a pesar de la afluencia turística. El nacionalismo roza, no ya la estupidez, en la que está completamente sumergido, sino también la delincuencia.

¿Se les obligará igualmente a los profesores a dar clase en catalán? ¡Pobres estudiantes extranjeros, aquellos que caigan presos de la propaganda catalana! Volverán a su país sabiendo catalán en vez de español. Ya pasa, de hecho, con los Erasmus desde hace bastantes años. Vivir para ver.

viernes, 5 de febrero de 2010

EL PODER DE LOS ABOGADOS: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO

Cada vez las circunstancias me convencen más de que es imposible el progreso de España sin poner coto al dominio de tantas cosas por parte de los licenciados en derecho. Tengo buenos amigos y parientes de esta carrera (¡qué le vamos a hacer!), y que están además entre los buenos. A estos les pido disculpas y, a la vez, que apechuguen con la realidad. Pues no se trata de hablar de la cualificación, sino del poder omnímodo que detentan.

Porque no es sólo un problema de formación. Aunque también lo es. Recuerdo muy bien cuando, después de acabar un bachiller en el que no conocí nunca una nota inferior al 7, y siempre con más de un sobresaliente o matrícula en todos los cursos, cometí la temeridad de matricularme el la carrera de Arquitectura (mi padre, con razón, no quería). En junio del primer curso aprobé 2 asignaturas; en septiembre otra y al año siguiente las otras 3. Todo con aprobado pelado. Mientras tanto, mis antiguos compañeros de bachiller que fueron a Derecho (lo pongo con mayúscula por ser el nombre de una facultad, no por otra cosa) sacaban notables y sobresalientes, incluso aquellos de bachiller mediocre, y acabaron, como tiros, en 5 años. Yo necesité 7, el último para hacer el Proyecto Fin de Carrera, y fui de entre los más rápidos. También recuerdo bien que mientras yo tenía clase de 8,30 a 14,30, sin interrupción, y todos los días, ellos tenían una gran cantidad de horas libres a lo largo de la mañana. Es decir, sí que es un problema de formación, aunque no sólo. (De formación universitaria algo sé; tengo 38 años de antiguedad como profesor, y 21 como catedrático).

¿Qué es un juez? Yo se lo diré: un juez es un chico universitario que, en vez de cometer el error de estudiar algo como arquitectura, estudia derecho y luego se presenta a unas oposiciones. Las saca en el mismo tiempo que el estudiante de arquitectura es capaz de acabar la carrera.

Hace días vino en la prensa que las plazas de juez en Cataluña no se cubrían. Luego, la multitud ingente de licenciados en derecho tiene trabajo. Si a las plazas de juez en Cataluña pudieran presentarse los arquitectos, seguro que se cubrían. Y seguro que la justicia en Cataluña mejoraba.

Pues las gavelas de los licenciados en derecho son múltiples. En primer lugar, está la escandalosa existencia de los notarios y registradores (donde van los estudiantes de derecho listos, o hábiles para sacar oposiciones), que viven opíparamente, no tanto trabajando, como simplemente administrando una oficina que se alimenta de los aranceles que los ciudadanos han de pagar obligatoriamente por una gran cantidad de actos burocráticos, muchos de ellos inútiles. Se da el caso de supresiones de impuestos por parte de Hacienda en algunos actos, pero no de la supresión de los aranceles notariales o registrales para el mismo acto. Recuérdese a los notarios, que vemos sólo al firmar, siempre muy bien vestidos, y siempre amables, orondos y satisfechos con su negocio, mientras disimulan leyéndonos el escrito y estampan su cursi rúbrica. Recuerden las notarías: enormes, llenas de oficinas y salas de espera, con cuadros superfluos (y horrendos) en las paredes. Nada como las imágenes.

Pero, después, tanto el Estado como la sociedad están inundados por los licenciados en derecho. El mundo de la función pública (estatal, regional, provincial, municipal), el mundo de las empresas y el mundo de la política se alimentan insanamente de estos licenciados hasta constituir una auténtica plaga. La administración publica está así siempre afectada (infectada) por una visión legalista única de todas las cosas. Si se quieren ejemplos, ahí van 2, de los organismos que algo frecuento. En la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el Director General del Patrimonio Histórico es un abogado. En el Ministerio de Vivienda, el Director General de Arquitectura es abogado. De las disfunciones acerca de estas circunstancias prefiero no contarles nada.

Luego están los abogados propiamente dichos, los de los bufetes, alimentados por la ineficaz y siempre sospechosa actividad judicial. Tengas pleitos y los ganes, que decía el gitano. Baste sobre esto, pues es bien conocido. Solo les digo que con lo que nos costó a un compañero y a mí defendernos en un contencioso abierto por un opositor que perdió la plaza, y que se saldó con la sentencia de que el recurso no debería de haber sido admitido a trámite, yo les hubiera proyectado y dirigido la construcción de un chalet. El abogado -y eso que lo buscamos de prestigio- no hizo otra cosa que un largo y farragoso escrito, con bastantes errores que yo le hube de corregir. Es una anécdota dirán. Sí, efectivamente: es una anécdota, pero bastante significativa.

Pero vayamos ahora a mis propuestas de reforma, todas ellas utópicas, desde luego. y no porque no pudieran ponerse en práctica, sino porque la legión de licenciados en derecho, que dominan la política, la función pública y (se dirá que naturalmente, aunque sin razón) la función judicial lo impedirían.

En primer lugar, la presencia de diputados, nacionales y regionales, que sean licenciados en derecho ha de ser disminuída. Las listas de candidatos al Congreso, al Senado y a los parlamentos regionales (o "nacionales", elíjase lo que se desee) no deberían de tener más de un tercio de licenciados en derecho. Lo digo sin saber la situación actual, que sería interesante comprobar. No se publican datos.

No podemos limitar los Presidentes del Gobierno, porque entonces nos quedamos sin ellos. Suarez, González, Aznar y Zapatero son abogados. También el eterno aspirante, Rajoy (éste es además registrador, y, según noticia dada por la prensa hace tiempo, recibe unos 200.000 euros al año por el arrendamiento de su registro). Pasemos, pues, de puntillas sobre el gobierno, más preocupado por el asunto de las mujeres y que, ciertamente, no tiene proporcionalmente tantos abogados como el propio Congreso, o como la función pública.

Vayamos a algunas instituciones muy importantes. En primer lugar, está el Consejo General del Poder Judicial (si es que se llama exactamente así, nunca lo recuerdo; pero, ¡vaya palabra!: Poder.) Está todo él compuesto por licenciados en derecho. Presenta así un perfil completamente corporativista, como muchas de sus actuaciones -o la falta de ellas- evidencia. Es además un organismo político, en ningún modo independiente, pues lo nombran los partidos. No debiera tener más de un tercio de abogados. Los demás, ilustres profesionales de distintas disciplinas o ilustres ciudadanos. No hace falta para nada que todos sean licenciados en derecho. Esto es sólo un problema de poder, ya el título del organismo lo dice.

De otro lado está el Tribunal Constitucional, de nuevo un organismo político incapaz de responder a la independencia de la que presume. Otra vez el máximo debería de ser un tercio y el resto ilustres personalidades, con la representación de todas, o de casi todas, las actividades. Seguro que funcionaría muchísimo mejor, y que sería verdaderamente político, en el mejor sentido de esta acepción, y no completamente afectado por una visión supuesta y únicamente "legal". Lo legal no es lo constitucional, y para interpretar la Constitución hace falta algún abogado, pero no muchos, y mucho menos todos. Que este altísimo tribunal esté compuesto únicamente de licenciados en derecho es un fraude político, pues es una garantía de mal funcionamiento, de sesgado funcionamiento, como la práctica ha demostrado. Y un atropello para los ciudadanos como exclusión del pensamiento humano general y su limitación al punto de vista legal, un punto de vista especialmente parcializado.

Limitar los abogados de la función pública y de las empresas es bien difícil, lo que no le suprime la necesidad. Todas las actuaciones de la administración se escoran inecesaria y pérfidamente hacia lo legalista. La administración produce cantidades ingentes de normas, reglamentos y estatutos, la mayor parte de ellos equivocados y realizados con cortedad de vista, y que son aplicados rutinariamente por letrados y funcionarios impidiendo con frecuencia la buena realización de las cosas. O que, simplemente no se aplican, debido a su estupidez, pero que actúan siempre como cortapisa de las necesidades reales y de la calidad de los objetivos sociales.

En cuanto a las empresas, no se sabe muy bien que hacen con tanto abogado. Ellas sabrán, si es que algo saben.

Las notarías deben de ser suprimidas. Cualquier abogado debería tener licencia de notario sin más que realizar una inscrpición legal. Y cualquier licenciado debería poder ser notario sin más que un elemental examen. Y a sus honorarios debe de aplicarse, como a todos, las normas de la competencia. Los registradores deben igualmente ser suprimidos y pasar sus oficinas a ser públicas y corrientes, servidas por funcionarios. Que estas reformas no se hayan hecho ya demuestra la complicidad de los políticos con estas profesiones (si es que se pudiera llamarlas así).

Pero todavía hay algo más de lo que hablar. Tampoco los jueces han de ser necesariamente abogados. Siendo abogado el fiscal -que debería instruir el sumario- y el secretario del juzgado, sobra la necesidad de que "Su Señoría" también lo sea. Un juez tenía que ser una personalidad, probablemente elegida, y para su promoción a la judicatura debería de considerarse un demérito que tuviera la carrera de derecho. En los tribunales de varios magistrados, quizá podría permitirse que uno de ellos -nunca el presidente- fuera abogado. Consumar esta revolución haría de la justicia un lugar mucho más eficiente y justo -valga la redundancia- y, al menos, algo más representativo de la sociedad que una torpe camaradería de leguleyos. Éstas no han hecho hasta ahora otra cosa que comportarse bastante mal.

No me hagan caso. Ya sé que no me lo van a hacer. Pero así seguirá todo, manga por hombro. Todos dando el espectáculo siniestro que tienen como tradición inveterada.

Adiós.

Un juez franquista contra la investigación sobre el franquismo

Un tal Luciano Varela es, al parecer (según la prensa) el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el Juez Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo, causa abierta por una asociación de extrema derecha y por los supuestos sucesores de Falange española. Esto es, causa abierta por los herederos del franquismo; por los herederos de los criminales, o por ellos mismos. El fiscal se opuso a la apertura de la causa, pero el juez la ha llevado adelante. Resulta evidente que este juez es de extrema derecha, aunque pretenda camuflarse llamando "horrendos" a los crímenes del franquismo. Estos no son ni horrendos ni preciosos, son crímenes, y llamarles así no prueba otra cosa que la fabricación de un disfraz. El juez es franquista, al menos según el Evangelio ("por sus actos los conocereis") y tiene una enorme envidia de la fama del juez Garzón. Ahora, cuando (según la prensa) continúa con la admisión de la causa, elevándola al Tribunal Supremo para que la acepte, busca protección para su tropelía con la anuencia de otros jueces. Y ahora, nosotros (los ciudadanos) vamos a tener la ocasión de saber si esos otros jueces son también franquistas.

La coartada de este juez es la Ley de Amnistía de la transición. Cualquier juez que sea honrado sabe bien que ni ésta ni ninguna otra Amnistía perdona los asesinatos, y mucho menos los asesinatos masivos cometidos con el fin de apoderarse del Estado.

Este es un caso claro de depuración, que ha de alcanzar igualmente a los demás jueces si se manifiestan de acuerdo con el tal Varela (¿quizá pariente del general Varela?). Pero, claro, esta depuración tendría que hacerla el Consejo General del Poder Judicial (o como se llame), organismo compuesto exclusivamente por licenciados en derecho y, así, completamente corporativista.

¿Quién será el valiente político capaz de depurar y reformar la judicatura?

P.D. Leo en los periódicos que el tal Varela es progresista (¡ja!), un histórico de "Jueces para la Democracia". Como no sea para la democracia orgánica... Ya pueden ir tomando nota los periodistas: el tal Varela se ha pasado a "Jueces para la Dictadura".