SIGUE EL ASUNTO GARZÓN: JUECES "PROGRESISTAS" CONTRA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Además del juez Varela -presuntamente progresista según su adscripción a "Jueces para la Democracia", pero franquista, en realidad, como demuestra sobradamente al perseguir a Garzón por el asunto de las víctimas del franquismo-, ahora también Margarita Robles, magistrada del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha apoyado -según la prensa- que dicho Consejo vaya organizando la suspensión del juez, antes incluso de que el Supremo decida actuar. Lo ha hecho -siempre según la prensa- en el interior de una permanente del Consejo, en el que está su presidente, el juez Divar, al que nombró Zapatero a pesar de su muy definida condición de "meapilas".

La magistrada Robles fue cargo político con Felipe González y es, naturally, pretendidamente progresista, lo que, evidentemente, desmiente ahora. Como Varela, ambos odian al juez Garzón -siempre según la prensa, por lo que -si la prensa no miente, lo que es preciso confesar que resulta difícil- ambos utilizan sus cargos y los pretextos que les dan denunciantes de extrema derecha para perseguir al "divino" Garzón, al que odian y, sobre todo, envidian.

Resulta del todo extraordinaria esta posibilidad -aunque fuera sólo una sospecha es muy grave como tal- de uso del ¡Poder! judicial para puntos de vista personales. Sobre todo teniendo en cuenta que el fondo del asunto resulta tan extremadamente importante y tan significativo que hace palidecer cualquiera que sean las consideraciones formales que tan supuestamente ilustres señorías tienen a bien sopesar.

El resultado va a ser otro escándalo de la judicatura frente a la población. Otro más, y, si no, al tiempo. ¿Qué clase de personas llegan a las más altas posiciones de la magistratura? ¿Quienes serán los políticos capaces de intentar cambiar algo de esta situación? Por favor, contesten a una, al menos, de las preguntas. Hay premio.

Yo mismo intentaré ganarlo con un amago de respuesta a la primera pregunta, pues iniciar algo con respecto a la segunda resulta evidentemente imposible.

Los magistrados son unos seres capaces de considerar el uso más estricto y riguroso de la ley y de sus procedimientos, como su función y su formación les exigen, pasando por encima de cualquier fondo de la cuestión, de cualquier contenido real, sea cual fuere éste. La forma es en la ley tan importante que oscurece el fondo.

Esto, digo yo, debería de contar mucho cuando se trata de no condenar a alguien. No es posible condenar a alguien, sea cual fuere el fondo -sea cual fuere su delito- si no se han cumplido los procedimientos formales legales. Pero, por lo mismo, no se puede condenar a nadie porque él mismo haya incumplido, o rozado el incumplimiento, de dichos requisitos. Ni aunque sea juez. Más cuando se ha arrepentido y retrocedido.

Si el juez Garzón es suspendido de su cargo, habrá pasado la Ley por encima de la Justicia. Y aunque esto deba de ser así -la Ley, obligación clara, está absolutamente por encima de cualquier sentido acerca de la Justicia, pues es aquélla quien precisamente define ésta- en el caso que nos ocupa quedará para lo historia lo que está ocurriendo: dos jueces pretendidamente progresistas han condenado a un compañero por saltarse algún procedimiento formal en su pretensión por perseguir los impunes crímenes del franquismo, y lo han hecho al requerimiento de dos organizaciones de extrema derecha, esto es, de los propios franquistas y de sus herederos. Eso dirá la hemeroteca y la historia.

Puede que no quepa una más limpia aplicación de la Ley. Y puede también -sospecho yo-que no quepa una mayor hipocresía judicial, política y social, y una mayor traición a la justicia, a la moral, a la historia del país y al buen gusto. Los crimenes del franquismo siguen pendientes. Apoderarse del aparato del Estado, bajo la coartada de salvar a la Patria, hacerlo mediante el asesinato, el encarcelamiento masivo y la sojuzgación social de gran parte de la población, y ponerlo al servicio de sus propios intereses por medio de una feroz dictadura presidida por un militar, funcionario traidor, es un crimen nefando de lesa patria que cometieron, sobre todo, los militares, y más que nadie, desde luego, el despreciable ser que los presidió, y todos aquellos que los ayudaron y se aprovecharon del botín. Aún está por escribir la corrupción del enano del Pardo, y la de los militares. Es decir, aún está por escribir el botín que cobraron los supuestos salvadores de la Patria, funcionarios traidores.

Entrar en consideraciones formales acerca de un juez que intentó levantar siquiera una esquina de la pesada manta que oculta todo esto, tiene un nombre, al menos en mi pueblo: se llama colaboracionismo. Si los jueces citados pertenecen a "Jueces para la Democracia", ya pueden ir borrándose, o pedir que se cambie el nombre. Si no, sabremos bien lo que realmente significan títulos tales.