En la edición de El País del 12-02, un tal Xavier Roig se escandaliza con que haya demasiados diputados que son empleados públicos y ello le sirve para insultarlos, nunca directamente, claro está. Llega a decir que incluso que hasta en la "laboriosa" Cataluña hay demasiados. Dejando al margen la soberbia catalana, siempre presente, se viene a decir que los funcionarios no son laboriosos. O sea, que los empleados privados sí lo son y los funcionarios no. Soy ya mayor, y he encontrado siempre las mismas virtudes y defectos en la administración y en las empresas privadas.
Habla de los "privilegios de los empleados públicos". ¿Cuáles? ¿El sueldo más bajo? ¿Entrar mediante examen público en competencia con otros? Algunos de los funcionarios -no todos- tienen su puesto para siempre, pero esto sólo si han sufrido examen público competitivo. ¿Qué querría él? ¿Qué la administración hiciera un ERE y echara a muchos? El Estado es social y no atiende a criterios de rentabilidad. Debería atender más a los de eficiencia, según él, y esto sería bueno, desde luego, pero ¿atienden las empresas privadas a criterios de eficiencia? Entonces, ¿por qué quiebran y porqué fracasan? Las empresas atienden a la rentabilidad monetaria, no a otra cosa, y cuando despiden no lo hacen con los no eficientes, sino con los que cobran más.
¿Cómo se entra en una empresa? ¿Se sabe siquiera? ¿Qué defensa tiene frente a otro quien pide un trabajo? No se sabe por qué entra ni tampoco por qué sale. Los diputados son funcionarios, sí, pero el articulista no observa otras cosas, como que la mayoría de los diputados tienen la carrera de derecho, y esto sí que es un sesgo legalista muy deficiente y muy poco representativo de la sociedad, como ya he dicho otras veces.
sábado, 27 de febrero de 2010
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