Ayer en "El País", el fiscal jubilado Villarejo analiza el auto del juez Varela a propósito de Garzón y le da un palo formidable, demostrando perfectamente que toda su argumentación está equivocada. No cabe ninguna duda de que el tal Varela lo ha leído, y que si sigue en las andadas es él quien, sin ninguna duda, es un prevaricador. Si el Consejo del Poder Judicial (que es el "poder" es lo único de lo que no cabe tampoco ninguna duda) funcionara mínimamente tendría que apercibir a este juez y, si continúa, separarle de la carrera judicial. No ocurrirá, desde luego, pues en España la justicia no funciona, como es bien sabido.
De hecho, el último escándalo es de este "noble" Consejo. Un catedrático que pertenece a él (naturalmente, tiene que ser un catedrático; imposible que fuera un juez) denunció, también ayer, la forma irregular en que se hacen en este Consejo los nombramientos para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, etc. Las asociacines (que son ideológicas -derecha, naturalmente la mayor, centro e izquierda- y a las que no pertenecen más que la mitad de los jueces, imponen sus criterios y van negociando para meter a los suyos, más o menos por turnos y por amistosas negociaciones, de modo que la comisión que estudia los nombramientos no vale para nada, pues ya está todo decidido por detrás. El último caso es el de haber promovido para el Supremo a un juez de escasa carrera y en el turno que no le correspondía, pues es el reservado para abogados de alto prestigio o catedráticos. El pretexto es que este individuo ha sido profesor, pero, como no es doctor, ha tenido que ser profesor del más ínfimo nivel. Sin embargo, le han nombrado por encima de abogados y catedráticos de alto prestigio. El cátedrático denunciante, que ha dimitido del Consejo, dice que este caso es, simplemente, uno más, y que él se va pues está harto de este comportamiento que es habitual.
La tal Robles (conocida ahora por ser quien admitió a trámite en el Consejo el asunto Garzón, y conocida también por ser una de las principales manipuladoras de los nombramientos, todo ello según la prensa) se ha apresurado a insultar al catedrático dimisionario diciendo que miente. Resulta evidente, sin embargo, que quien miente es ella. También un tal De la Rosa -creo que se llama así-, vice presidente del Consejo y conocido derechista, antiguo colaborador y defensor de Camps, el presunto delincuente político valenciano, le ha insultado también, como si no supiéramos de que pie cojea.
Resulta claro que la tal Robles y el tal De la Rosa debieran ser expulsados del Consejo. Resulta igualmente claro que las Asociacione de Jueces, que sirven sólo para manipular cosas, debieran ser disueltas y prohibidas. Y resulta más que evidente que el Consejo del Poder Judicial ha de ser o fuertemente reformado o eliminado. Si no se elimina, que sería a todas luces lo mejor, dada su trayectoria siempre escandalosa, la reforma drástica es necesaria. Pienso que la presencia de jueces y magistrados ha de ser reducida al mínimo, no más de un 10 o 15 %. Los demás licenciados en derecho, abogados de prestigio o catedráticos. Y un mínimo de un tercio de consejeros no licenciados en derecho, representantes de la sociedad, prohombres (y promujeres) que dieran un aire nuevo y que vigilaran las chapuzas corporativas sistemáticas de este supuesto alto organismo, que no hace otra cosa que escandalizar a los ciudadanos.
No hacer nada de esto es colaborar con un fraude político y social de primer orden. La justicia no funciona, y no funciona principalmente porque muchos de los jueces, personal o corporativamente, no cumpen con su misión. Soportaremos el grave escándalo que esto significa, pues resulta obvio que nadie hará nada, pero, por mi parte, quiero dejar constancia aquí de mi protesta como ciudadano cumplidor que no ve correspondencia en tan altos y tan escandalosos poderes.
miércoles, 24 de febrero de 2010
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