LA UNIVERSIDAD EVALUADA

LA UNIVERSIDAD EVALUADA
Con alguna frecuencia aparece en la prensa –que nunca puede evitar lo que debería soslayar inteligentemente- un supuesto “ranking” de las Universidades, en relación a la investigación o a la totalidad, y donde siempre aparecen grandes titulares en los que se afirma que las españolas están a la cola, ninguna entre las 100 primeras del mundo.

Naturalmente, la prensa siempre informa mal, y no nos dice donde están esas supuestas 100 mejores universidades. No es difícil saberlo: sólo podrían estar en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Dudosamente en Bélgica, Noruega o Austria. Simplemente imposible en Italia. En Suiza ¿hay algo más que la protección de la delincuencia financiera? En fin, que no me creo nada. No sé con qué se miden las universidades, pero, en mi condición de viejo universitario, estoy seguro que los procedimientos están equivocados y, además, trampeados. Tengo mucha experiencia en evaluación de la investigación y he tropezado muchas veces con criterios supuestamente objetivos y, en realidad inapropiados y absurdos. Inventados por aquellos que quieren evaluar bien determinadas universidades o determinados y supuestos investigadores; esto es, casi siempre por estadounidenses, la teórica –pero sólo teórica- patria de las buenas universidades.

En España hay muchas, demasiadas universidades, y bastantes de ellas improvisadas. Pero muchas más funcionan razonablemente bien. Aquí es una verdadera afición protestar de las universidades, pero ya quisiera nuestro país que todo funcionara tan bien como ellas. Las universidades españolas funcionan bastante mejor que gran parte de las administraciones públicas, que la administración de justicia, que los colegios profesionales, que el sistema bancario y económico, y que la inmensa mayoría de las empresas. Las universidades españolas son responsables en buena medida del alto nivel del país en todos los aspectos, y su investigación es bastante buena, buenísima y amplísima si se considera en relación con los escasísimos medios de que dispone.

Y si las universidades españolas son malas, ¿qué hacen las familias enviando sistemáticamente a ellas a todos sus hijos? No serán tan malas a juzgar por la enorme afluencia de matriculación, mucho más de lo razonable, y responsable primera de la proliferación universitaria. Pero, a la postre, que en España haya muchos licenciados universitarios no es tan malo para el país. Puede ser malo para ellos mismos, pero no para la sociedad. Si un arquitecto es empleado de banco o un abogado es encargado de un bar, no es muy bueno para ellos, pero no es tan malo para sus clientes. La sociedad necesitará otras cosas, mejor, pero si hay muchos licenciados el asunto no está tan mal.

Que todas las profesiones puedan ser notarios, registradores de la propiedad o controladores aéreos, pongo por caso, entre otras muchas posibles reformas. Algo se resolvería, y no tendríamos a Rajoy, por ejemplo, cobrando 200.000 euros al año por arrendar su Registro (noticias de la prensa, hace tiempo) y dedicarse a la mala política. Y que haya menos abogados, por cierto, que controlan completamente la política, la función pública, la judicatura y todos sus aledaños, el mundo de las empresas, y que inundan con su torpe mentalidad leguleya todo el país. Reformar la universidad sería, en primer lugar, disminuir las facultades del mal llamado Derecho y disminuir consecuentemente las gavelas y ventajas de esos licenciados, que dominan indebida e ineficazmente cualquiera que sea el asunto, protegiendo sistemáticamente los privilegios de sus congéneres.

Juzgar a las Universidades como entidades unitarias es, por otro lado, una tontería. Las universidades están compuestas por muchas facultades, escuelas e institutos. No son homogéneas. Unas instituciones serán buenas, otras mediocres y otras malas. Las universidades españolas no son, desde luego, homogéneas, por lo que no tiene sentido evaluarlas como globalidades. No creo que en otros países sea demasiado distinto.

Sólo tengo verdadera experiencia acerca de las Escuelas españolas de Arquitectura, y, también, de algunas extranjeras, de muchas, en realidad. Hasta la proliferación de universidades públicas y privadas de los últimos años, lacra execrable contra la cual nadie ha movido un dedo, las Escuelas españolas de Arquitectura eran bastante buenas, la mía –la de la Universidad Politécnica de Madrid-, excelente, para nuestra fortuna, bien reconocida por tantos en el extranjero, como demuestra en la práctica la abundancia de estudiantes de todo el mundo. Y como demuestra la gran cantidad de buenos profesionales –esto es, la calidad de la enseñanza- y de la gran cantidad de buenos estudios y publicaciones. Y no es una Escuela aislada; otras muchas españolas también son buenas. En España, la enseñanza de la arquitectura es de alto nivel.

Pero, ¿quién mide eso? Y, sobre todo, ¿a quién le interesa? Los buenos arquitectos españoles no sirven para nada, pues ni las administraciones los usan para resolver mejor las planificaciones de las ciudades y del territorio, que dejan a leguleyos y a profesionales mediocres para dar mejor servicio a la especulación, como a la vista está, y ni siquiera son usados sistemáticamente como proyectistas. Tan sólo las administraciones, algunas veces, buscan buenos arquitectos, pero muchas otras, y, sobre todo, la llamada “sociedad civil”, buscan siempre a los peores, como una simple mirada a nuestras realidades urbanas demuestra.

La administración, además, pone cada vez más trabas a los buenos profesionales y se las va arreglando para impedir la buena arquitectura. Baste citar que en muchos concursos oficiales el peso de la calidad del proyecto es equivalente a la importancia de la baja en la oferta de honorarios, con lo que la competencia, en lo económico, saldrá ganando, pero la calidad arquitectónica es sistemáticamente expulsada. Esto es lo que en arquitectura se consigue con la sacralización de la “competencia” –competencia sólo económica, por supuesto-, tan defendida por “tontos contemporáneos” como Fernández Ordóñez, que dirige, por desgracia (y en una decisión suicida que ignoro a quién corresponde) el Banco de España.

Así, pues ¿dónde están los baremos y los estudios capaces de demostrar la buena calidad de muchas Facultades y Escuelas como en España hay? Y ¿dónde está la sociedad y las administraciones capaces de dotar de mejores medios a las universidades que funcionan y de suprimir su estúpida proliferación? ¿Para cuando un control serio de las malísimas universidades privadas, a quienes se deja funcionar para siempre con un plan de estudios mediocre y un escaso número de doctores?

No creo que las administraciones ni la sociedad españolas estén interesadas en la calidad de las Universidades. Tampoco creo que las evaluaciones internacionales sean honradas. Y mucho menos creo que la prensa sea capaz de informar de algo con sensatez y eficacia. Pero bien es cierto que con todas estas cosas estamos acostumbrados a vivir.